En un giro político histórico y controvertido, la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump ha autorizado a empresas privadas seleccionadas a llevar a cabo operaciones cibernéticas ofensivas, incluidos ataques destructivos contra organizaciones criminales internacionales. Firmado mediante un memorando presidencial el 12 de agosto de 2026, este marco rompe con décadas de política federal que limitaba estrictamente al sector privado a medidas defensivas bajo leyes como la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA).
Estricta supervisión y requisitos financieros
Bajo la supervisión de un centro de coordinación nacional, las empresas participantes deben cumplir con un riguroso proceso de aprobación. Cada operación requiere la autorización escrita del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para garantizar la rendición de cuentas, las firmas deben depositar al menos 1 millón de dólares en garantía, fondos que serán confiscados inmediatamente si se infringen las normas. El marco autoriza tanto operaciones de vigilancia cibernética como ataques orientados a degradar o destruir infraestructura criminal.
Alcance de objetivos y serias preocupaciones legales
El memorando se centra en bandas de ransomware y redes de extorsión que operan con tolerancia estatal pero sin control formal. No obstante, expertos en ciberseguridad como Jake Williams, vicepresidente en Hunter Strategy, advirtieron a TechCrunch que los ciudadanos estadounidenses involucrados podrían ser clasificados como combatientes sin uniforme al viajar al extranjero, exponiéndolos a graves riesgos legales.
Implementación y panorama futuro
Con 1.000 millones de dólares previamente asignados por el Congreso para operaciones cibernéticas ofensivas, se espera que las directrices de implementación se publiquen en un plazo de 60 días. Mientras que grandes tecnológicas como Google evalúan su participación, la medida enfrenta importantes desafíos legales y un intenso debate sobre la privatización del ciberespacio ofensivo.
